Favorecer el ejercicio de los legítimos derechos de la ciudadanía en materia de consumo. Su función es asesorar a las personas consumidoras que consideren afectados sus derechos en materia de consumo, así como fomentar la adhesión de empresas al sistema Arbitral de Consumo con el fin de agilizar y garantizar una resolución rápida de los conflictos.